A la sociedad michoacana.
Al pueblo mexicano.
A la comunidad académica en las distintas universidades en Michoacán.
A las organizaciones civiles interesadas en la conservación del patrimonio cultural.
A la Oficina de la UNESCO en México (región de América Central).
A la Comisión de Cultura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
Al Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de Justicia de la República.
A la Secretaría de Cultura, la Coordinación de Contraloría, la Secretaría de Finanzas y Administración a través de la Dirección de Patrimonio Estatal, la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente y la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.
A la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Morelia, la Contraloría Municipal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la Coordinación Ejecutiva Centro Histórico y Zonas Monumentales de Morelia, el Consejo de la Ciudad y la Coordinación de Festejos del Bicentenario de la Independencia “Morelia cuna ideológica de la independencia”.
A los medios de comunicación.
Quienes asistimos al coloquio “Derechos Culturales en Michoacán. Aproximaciones a su estudio”, que se desarrolló en el marco del Seminario Historia de los Derechos Culturales en México, y que se erige como un espacio de discusión y análisis académicos en el Posgrado de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, invitamos a la reflexión respecto a los sucesos registrados en los últimos días que menoscaban de manera determinante el patrimonio cultural michoacano, memoria histórica insustituible.
Como lo ha difundido la prensa local, en días pasados se registró el robo de la primera presea “Generalísimo Morelos”, en el Museo del Estado de esta ciudad, seguida de la desaparición de dos collares o pulseras precoloniales (no se ha aclarado por la instancia correspondiente cuáles fueron los bienes sustraídos) también en ese museo, sin que, al parecer, se tenga el dato exacto de la fecha en que fueron sustraídos. Se suma, además, el hurto de una escultura de la artista Virginia Portilla, registrado en un hotel de esta ciudad.
Todo lo anterior forma parte de la información “oficial”, pero ¿qué pasa respecto a las desapariciones de piezas que no se mencionan en las comunicaciones públicas, de las cuales al parecer no hay una certeza, como nos deja ver el caso del Museo del Estado con el robo de los collares prehispánicos?
Esta situación pone en la mesa de análisis varias interrogantes, entre ellas: ¿La protección y el manejo de estos patrimonios están garantizados? ¿Quién nos repone la irreparable perdida de nuestra historia, que es fuente del conocimiento científico y de integración identitaria, de lo “mágico” de nuestro pueblo? ¿Se trata de un problema de presupuesto para adquirir la tecnología requerida o es un asunto de organización en las estructuras, en donde inciden, entonces, cuestiones como la vocación de sus integrantes en todos sus niveles, así como el compromiso y la responsabilidad laboral por la cual se les remunera con recursos que salen del erario público?
Desafortunadamente, lo anterior es una situación que se registra también en otros órdenes. Luego de que se aprobara el irresponsable Bando del primer cuadro de la ciudad para prohibir que los automovilistas se estacionen y transiten por algunas calles de la zona, se realiza una nueva construcción, como varias en el centro histórico de la ciudad que afectan de manera decisiva la permanencia del patrimonio arquitectónico; se trata de un estacionamiento de dimensiones colosales ubicado en la calle Aquiles Serdán, a un costado de la plaza Manuel Villalongín, que paradójicamente se encuentra a unos pasos de la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el estado. Esta construcción, para sorpresa de muchos, cuenta con el permiso del ayuntamiento, pese a que esta obra es en sí misma un daño a la cultura michoacana, además de un posible perjuicio a los inmuebles que colindan con ella, los cuales forman parte de la zona de monumentos históricos reconocida por declaración presidencial y a través del título “Patrimonio cultural de la humanidad”, otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization- UNESCO).
Ante los hechos referidos, es inaplazable la manifestación de la sociedad michoacana y de la comunidad académica; se requiere de acciones urgentes ante patrimonios en riesgo.
Debemos establecer un diálogo constante, crítico y constructivo con las autoridades en sus diferentes órdenes, respecto del manejo de los patrimonios culturales de Michoacán; bienes que dan justificación a varias instancias y sin los cuales no tendría sentido su permanencia.
Es necesaria la aplicación del marco normativo en la materia, que sanciona este tipo de ilícitos, como el Código Penal y la Ley Responsabilidades de Servidores Públicos, ambos instrumentos en el orden federal y estatal, en los cuales se encuentran tipificadas conductas como el mal uso de la función pública y el nepotismo, así como el capítulo VI, relativo a las sanciones de tipo penal, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; pero además se requiere de análisis y propuestas que den claridad a las lagunas o ambigüedades legislativas, como resultado de estudios rigurosos y no de opiniones pancistas o ingenuas que carecen de fundamento y erudición en la materia.
Conforme al reconocimiento de los derechos culturales por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º, párrafo noveno, exigimos se garantice la protección y conservación del patrimonio cultural de los michoacanos.
Morelia, Michoacán a 17 de junio de 2010.
Firman la presente comunicación.-
Bolfy Cottom.
Maribel Rosas García.
María Isabel Domínguez Herrera.
Juan Zacarías Paz.
Román González Serrato.
Indhira Karina Sánchez Sepúlveda.
Patricia Alvarado Portillo.
Cosme Damián Barajas.
Andrea Janet Serna Hernández.
Yadira Espinoza Suazo.
José Alberto Jiménez López.
Roselia Castro Madrigal.
María Leticia Galván Silva.
Gabriela Arellano Molina.
Sandra Piñón Guía.
Víctor Irepan Núñez.
Jesús Abdón Sánchez Pahua.
Gabriela Ponce Báez.
Se suman a la exigencia descrita en esta carta los ciudadanos:
Antonio Rubén Martínez Sánchez.
Gloria Ortega Solorio.
Margarita Ortiz Valdés.
Ramona Ham de Martínez.
Pascual Martínez Duarte.
Lorenzo Velázquez Hernández.
Yolanda Zetina Castañeda.
Bonifacio Serrato Mireles.
Miguel E. Leyva S.
Juana Paz Gutiérrez.
Alberto Zárate Rosales.
Seminario Historia de los Derechos Culturales en México 